La propiedad del Municipio de Cali en 15 millones de metros cuadrados de tierra en el Parque Natural Nacional Los Farallones, sigue en riesgo. Pese a los esfuerzos que realiza desde hace más de dos años la Superintendencia de Notariado y Registro para restituir la propiedad usurpada al Estado, más de la mitad de esa tierra sigue en manos de particulares.
Políticos, empresarios, abogados, mafias del narcotráfico y de la minería ilegal, y aún gente pobre se han apropiado del 71 % de la reserva del parque, según la Superintendencia.
Incluso la guerrilla de las Farc maneja parte de esa tierra. Según el Ejército, la columna Miller Perdomo y el frente 30 de las Farc están detrás de la explotación minera ilegal del oro en los corregimientos de Pance, Villacarmelo, Los Andes y Peñas Blancas.
Por eso, recuperar esas tierras del Municipio no es tarea fácil. Menos aún cuando no se cuenta con la información catastral fidedigna para emprender los procesos legales, ya que el Catastro de Cali dice que la información predial que tiene “no es certera”, que “es solo un censo de lo que se ha encontrado en los Farallones, sobre el cual no se podrían tomar decisiones legales”.
Sandra Samacá, directora de Catastro de Cali, dice que en el polígono del parque que le corresponde al Municipio hay 1160 unidades prediales, de las cuales 489 son suelos y 671 mejoras (construcciones) hechas sobre el terreno. “Tenemos 200 predios que son del municipio catastralmente, (porque la propiedad la da la oficina de Registro), y 289 están a nombre de particulares”, indicó la funcionaria.
Jorge Enrique Vélez, Superintendente de Notariado y Registro, dijo que “hay que recordar que el Gobierno Nacional le entregó las tierras al Municipio (en 1941) para que cuidara el parque y lo que terminó fue vendiendo”. Lo hizo en repetidas oportunidades Invicali, el antiguo Instituto de Vivienda, bajo cuya custodia estaba el parque en el área que le correspondía al Municipio. Invicali tituló muchos predios a particulares.
A finales de los 90, la Alcaldía de Cali compró cuatro grandes predios en esa reserva forestal, en una decisión polémica que terminó con una orden judicial de devolución de los dineros de la venta, que no fueron retornados.
En 2004, el Dagma hizo otra polémica adquisición de un predio en los Farallones, por lo cual fue condenada la funcionaria que hizo la transacción. Y, aunque no está en zona de reserva del parque natural, según denuncia Claudio Borrero, exdirector de Bienes Inmuebles, el Municipio habría comprado en 2008 a un particular 164.000 metros cuadros de tierra del mismo Estado para el programa habitacional Altos de Santa Elena, donde se descubrieron matrículas inmobiliarias ‘gemeleadas’. Una de las presuntas propietarias ya había sido judicializada por negocios irregulares similares.
La Superintendencia, por su parte, dijo que en el estudio de títulos que hizo en el año 2012 halló 2353 irregularidades, de las cuales 1156 son compraventa de terrenos en zona declarada de reserva forestal. En esa área, la Superintendencia encontró falsas tradiciones de predios, trámites irregulares de registro y escrituración, alteración del área predial, adulteración de documentos, escrituras formalizadas sin cumplimiento de requisitos legales, compraventas por debajo del avalúo comercial y ventas de predios inexistentes. Solo 50 predios no tenían problemas legales.
Borrero sostiene que muchos de esos predios, “fueron vendidos por prevaricadores, gente de comportamiento criminal incrustada en diferentes ramas del poder público, enlazada con notarías, oficinas de instrumentos públicos, Secretaría de Vivienda, Bienes Inmuebles y Fondo Rotatorio de Tierras, los cuales han contado con el silencio cómplice del Concejo de Cali”.
Tras la tierra perdida
Desde hace dos años, el superintendente Jorge Enrique Vélez se ha empeñado en restituir al Estado la propiedad de la tierra que es suya y ponerla a nombre de la Nación, no del municipio como ocurrió hace 73 años.
Pero Vélez dice que el Catastro de Cali no le ha ayudado con la información porque luego de entregársela en 2012 ahora le dice que “no es certera”, y advierte que no va a esperar más para recuperar las tierras enajenadas.
En consecuencia, Vélez dijo que le está haciendo un derecho de petición al Catastro “diciéndole: estas matrículas son las que nosotros sabemos que tienen problema, dígame cuál es el número catastral que se conecta con esa matrícula para proceder a hacer la notificación a las personas”.
El alcalde encargado y director jurídico del Municipio, Javier Mauricio Pachón, sostiene que para resolver el problema necesitan cuatro cosas. Primero, un estudio de títulos. Segundo, un levantamiento topográfico de los predios. Tercero, una socialización para saber quién vive en esos predios o mejoras y, cuarto, hacer el avalúo de cada predio. “Con eso ya es posible expropiar si hay lugar a ello”, dijo Pachón.
Pero hacer todo esto costaría unos $50.000 millones, señala, un dinero que no está disponible. Por lo pronto, anunció que se hará un plan piloto en un sector de Pance que cuesta $6000 millones, para ver cómo funciona.
Sin embargo, indicó que el Municipio debe ser muy prudente con la solución que se dará al problema. “No puedo decir que el próximo año se va a desalojar a todos, pero como Alcaldía puedo concentrarme en un programa, como la protección de las fuentes hídricas y reubicar a los invasores”, dijo.
Lo cierto es que la Superintendencia quiere meterle mano ya a la restitución de las tierras usurpadas a Cali. Porque, como dice Vélez, “el Municipio tuvo su oportunidad y no lo hizo y nosotros también tenemos que generar credibilidad en todo este proceso”.
